ECONOMÍA MEXICANA E INFLUENCIA
INTERNACIONAL
En
el caso particular de México, mucho se ha estudiado la migración de mexicanos
hacia Estados Unidos, particularmente porque los mexicanos han representado la
principal fuente de fuerza de trabajo a lo largo de todo el siglo XX. Este
flujo migratorio tiene sus orígenes en la estabilización de la frontera entre
ambos países, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, después de la
intervención norteamericana en México y de las guerras con los indios nómadas a
ambos lados de la línea fronteriza. En la primer década del siglo XX, un número
no despreciable de trabajadores ocupados en la construcción de las líneas
férreas estadounidenses y en el suroeste eran de procedencia mexicana
(Verduzco, 2000). Después, con la llegada de la primera y segunda guerras
mundiales, la necesidad de mano de obra en Estados Unidos fue alta debido a que
muchos trabajadores norteamericanos fueron reclutados para la guerra. La instauración de programas formales de
atracción de trabajadores, como el Programa Bracero (1942-1964), fueron fuertes
mecanismos que facilitaron el flujo de mexicanos hacia aquel país a mediados
del siglo XX. Una vez que este tipo de programas se redujeron o desaparecieron,
la migración no cesó pero sí se volvió más difícil por las barreras migratorias
impuestas. Con estas migraciones "pioneras", se sentaron las bases
para futuras migraciones.
Las
condiciones socioeconómicas que prevalecieron en México a partir de la crisis,
el ajuste y el cambio estructural de la década de 1980 han alterado la
estructura de la sociedad mexicana, que incluyen importantes flujos de
migración con características distintas a las de etapas previas. En comparación
con periodos históricos anteriores, las últimas tres décadas presentan un
marcado incremento en la desigualdad en México, debido principalmente a una
mayor concentración del ingreso entre los estratos privilegiados de la
población (Pastor & Wise, 1997) y un incremento de la economía informal,
tanto legal como ilegal (Aguilar & Campuzano, 2009; Maloney, 2004). Tanto
la contracción de las oportunidades de empleo formal como el aumento de la desigualdad del ingreso
han dado lugar a trastornos sociales y soluciones adaptativas por las
diferentes clases sociales, entre ellas, la migración.
Las
reformas de corte neoliberal no fueron exclusivas del mundo en desarrollo, sino
que también se presentaron en otras
partes del mundo durante este período.
Como
ya se ha mencionado previamente, las políticas asociadas a estas reformas
neoliberales que comenzaron a implementarse desde la década de 1980 ejercieron
presiones para hacer programas de
reforma de privatización extensiva, desregulación radical, completa
apertura para bienes y mercados de capital, y una política macroeconómica
restrictiva (Chang, 2003). Dichas políticas, que alcanzaron a la mayor parte de
las economías en el mundo, fueron bastante más rigurosamente implementadas en
el mundo en desarrollo (Chang, 2003) y llevaron al desmantelamiento de las ya anquilosadas
estructuras institucionales del
estado de bienestar con el objetivo de lograr reducciones importantes en el
tamaño e influencia del sector público (Álvarez in Clarkson & Cohen, 2004).
Estas sugerencias tenían como premisa el argumento que el gobierno es de menor
eficiencia que el mercado.
Otras
políticas significativas fueron aquellas relacionadas con los derechos de
propiedad y con la reorientación del gasto público, para reformar el sistema
tributario y atraer inversión extranjera directa y de lograr una disciplina
monetaria y fiscal. Mayor privatización y reformas fiscales regresivas explican
en parte la concentración del ingreso, de la mano de la disminución del poder
de negociación del trabajo frente al capital, gracias a la gran movilidad del
segundo factor frente a las limitaciones del primero, donde dicha movilidad se
expresa en un fenómeno de relocalización de las actividades intensivas en mano
de obra en los países subdesarrollados.
Las
consecuencias negativas de las políticas neoliberales fueron significativas,
sobre todo en términos de crecimiento económico y equidad social en la mayor parte del mundo, pero se dejaron sentir
con mayor intensidad en aquellos países que se apegaron más a esta estrategia,
como fue el caso de México (Boletín UNAM, 2012; Rodrik, 2002). Los impactos
particulares sobre la economía mexicana oscilaron entre tasas de crecimiento
económico volátiles y mediocres (gráfica), inestabilidad financiera recurrente,
desintegración de las cadenas de producción doméstica, saqueo y pillaje de
recursos naturales, agravación de la desigualdad económica y un aumento
significativo en la marginación social (Álvarez in Clarkson & Cohen, 2004).
Algunos de estos efectos tuvieron como consecuencia que diferentes grupos de la
sociedad mexicanas encontraran en la migración internacional una estrategia de
adaptación.
Fuente:
elaboración propia con datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial.
Gráfica
México: Variación Anual del PIB de
México 1980 2014
Aunque
la emigración de mexicanos hacia aquel país es un fenómeno muy antiguo, el
incremento acelerado que se ha experimentado en las últimas tres décadas no
tiene punto de comparación con los antecedentes históricos del flujo migratorio
entre ambos países. hubo un incremento sostenido en la emigración mexicana
hacia los Estados Unidos entre 1850 y 1930, período que va de la delimitación
de la frontera actual, después del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que
legalizó la pérdida de California y Nuevo México y de la venta de la Mesilla en
1853, hasta el final del conflicto religioso en México. Salta a la vista que la
migración se intensificó de manera evidente en los años de la Revolución
Mexicana y la Guerra Cristera (1910-1930). Posteriormente, se presenta un
descenso en el número de mexicanos en Estados Unidos entre 1930 y 1950, período
que coincide con el inicio de la industrialización sustitutiva de importaciones
en México, que incluye los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando el
Programa Bracero implicó la emigración temporal legal de 220 mil trabajadores
rurales entre 1942 y 1947.
La
segunda mitad del siglo XX se inició con un repunte de la emigración. En las
siguientes dos décadas (entre 1950 y 1970) se presentó un nuevo incremento en
el número de mexicanos en el vecino país, producto en parte del importante
crecimiento demográfico que comienza a registrarse en esos años y que se
acelera en la década de 1970, como reflejo de la inestabilidad económica de esa
década. Sin embargo, es evidente que la emigración mexicana a Estados Unidos se
dispara a partir del inicio de la crisis de los años ochenta del siglo pasado y
se mantiene durante todo el período del llamado cambio estructural, hasta el
presente. Hasta ese momento el flujo migratorio, aunque constante, no había registrado
un crecimiento espectacular a pesar de la asimetría en los grados de desarrollo
entre ambos países, algo que evidentemente desafía las teorías comúnmente
aceptadas sobre migración y la sobre simplificada explicación de los
diferenciales salariales (Arango, 2004). La emigración neta anual, que durante
la década de 1960 no rebasaba los 30 mil migrantes por año, se elevó
gradualmente hasta alcanzar una pérdida neta anual de más de 400 mil personas
en el primer lustro del siglo (Tuirán y Ávila, 2012). A pesar del "blindaje" de la frontera,
hay evidencia de que este flujo se intensificó aún más en la segunda mitad de
la primera década del siglo, como resultado del deterioro de la seguridad
pública, que se sumó a la falta de oportunidades laborales como otro poderoso
incentivo para emigrar.
El
constante incremento de la emigración de México -de alrededor de 5 millones en
1990 a 12 millones en 2010 (United Nations Department of Economic and Social
Affairs (UNDESA, 2012)-, puede ser considerado como uno de los resultados más dramáticos de las políticas
de ajuste y del nuevo modelo económico, de la falta de oportunidades de
empleo y del deterioro en las condiciones de vida en México; y, en contraparte,
la existencia de mejores oportunidades de vida -incluyendo empleos- en Estados
Unidos. Para Ros (2013) una de las causas principales para la existencia de un
flujo migratorio entre México y Estados Unidos consiste en la subocupación de
trabajadores tanto calificados como no calificados y considera que dicho flujo conlleva
consecuencias negativas para el desarrollo económico de México.
Por
supuesto, un factor adicional y que no es posible subestimar tiene que ver con
los efectos de las redes sociales y la
construcción de una infraestructura social que se va desarrollando con el
incremento de migrantes adicionales, de tal modo que la ayuda de los migrantes
pioneros es decisiva para la migración de los migrantes subsecuentes (Massey,
1987). De tal manera que cuando las condiciones socioeconómicas se recrudecen
en el origen, la existencia de cadenas migratorias establecidas facilita el
movimiento de personas y conduce a un efecto del tipo de causación circular
acumulativa acuñado por Myrdal.
En
un contexto económico y social desfavorable como el que ha prevalecido en México
desde 1980, las personas han buscado diferentes canales para mejorar sus
condiciones de vida generales.
Algunas
de las estrategias adaptativas o incluso de supervivencia son la microempresa
por emprendedores, el autoempleo, el crimen y la migración. Para muchos que
tienen las posibilidades de emigrar al extranjero, la opción de ir a países de
mayor grado de desarrollo representa una alternativa a las condiciones más
severas y las menores oportunidades en su país de origen (Colic-Peisker, 2008;
Lozano-Ascencio & Gandini, 2012). Claramente la alternativa de emigrar no
está abierta a todos los diferentes grupos de personas en México,
particularmente por las restricciones impuestas por los países destino -en este
caso principalmente Estados Unidos- y por los costos asociados con el
transporte y el establecimiento en el nuevo destino.
Hay
que destacar que el incremento en la emigración de mexicanos a Estados Unidos
se ha dado en el contexto de un creciente endurecimiento
de la política migratoria en ese país. Desde la administración del
presidente Ronald Reagan (1981-1989) los gobiernos norteamericanos han
endurecido su posición, incrementado la vigilancia en la frontera y aumentado
las sanciones hacia los empleadores de mano de obra en condición migratoria irregular.
Por su parte, los sucesivos gobiernos mexicanos han insistido en la necesidad
de lograr acuerdos migratorios en ambos países que permitan legalizar la
situación de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos y regular los flujos
migratorios hacia ese país (Novelo, 2000). Sin embargo, los intentos por
alcanzar una reforma migratoria que permitan alcanzar estos objetivos han
fracasado hasta ahora por la oposición de amplios sectores en la unión
americana.
Es
de esperarse que la migración continúe en el futuro por al menos tres razones
de peso. En primer lugar, por las políticas vigentes de continuar con la actual
estrategia de desarrollo en México,
que profundiza las reformas promovidas desde el cambio estructural de la década
de 1980, y que al no atacar los problemas de fondo de la acumulación de
capital, no permitirá remontar las bajas tasas de actividad económica y de
insuficiente creación de empleos formales. En segundo lugar, porque aún quedan
poco más de dos décadas del llamado "bono" demográfico, con el
consiguiente incremento en la oferta de trabajo que de no ser absorbida en el
país (Ordorica, 2015), seguirá generando fuertes incentivos a la migración. Y
finalmente, por la infraestructura social construida por los migrantes
anteriores, que abre camino y facilita el flujo migratorio para futuros
migrantes, a pesar de las políticas
restrictivas a la inmigración que ha promovido el gobierno de Estados
Unidos en las últimas décadas.
RELACIONES INTERNACIONALES LA
ECONOMIA DESDE LOS NIVELES DE COMUNICACION.
En
un contexto de elevada interdependencia económica, bajo crecimiento, cambios
estructurales en la economía mundial y auge de la geo economía, sería deseable
contar con estructuras de gobernanza global sólidas que redujeran los
potenciales conflictos internacionales. Ello se debe a que el mantenimiento de
un sistema económico abierto, ordenado y bien regulado, la estabilidad
financiera internacional, la lucha contra el cambio climático o la eliminación
de la pobreza son bienes públicos globales porque benefician a todos los
ciudadanos del mundo. Pero, como sucede con todos los bienes públicos
internacionales, en ausencia de una potencia hegemónica, su provisión requiere
de la cooperación entre Estados. Además, en el caso de la gobernanza de la globalización,
entendida no como gobierno mundial sino como procedimiento de toma de
decisiones basado en la negociación permanente y el respeto a la ley, se
introducen consideraciones de legitimidad internacional, e incluso de justicia
distributiva. Sólo si las reglas de la economía global son percibidas como
legítimas, inclusivas y razonablemente democráticas por la opinión pública de
los principales países serán efectivas y duraderas porque permitirán a los
ciudadanos recuperar a nivel supranacional parte de la soberanía económica
perdida a nivel nacional con la globalización. Este elemento de legitimidad se
ha vuelto especialmente importante tras la crisis financiera internacional,
cuyos devastadores efectos han generado un creciente rechazo por la globalización.
Sin
embargo, lo esperable es que en los próximos años nos encontremos precisamente
con lo contrario, menos gobernanza y menos cooperación. Los problemas internos
de la mayoría de las grandes potencias, los elevados niveles de deuda (en los
países ricos), que lastrarán el crecimiento, y la sensación generalizada de que
la economía mundial no está ya al borde de un colapso sistémico como ocurrió en
2008-2009, llevarán a que se haga un menor esfuerzo por promover la
coordinación de políticas nacionales y reforzar las estructuras institucionales
de gestión internacional de crisis, tanto en el ámbito económico como en el
político. Y es en ese contexto donde existe el riesgo de que se produzcan
“errores de cálculo” que lleven a conflictos comerciales o cambiarios que
puedan derivar en problemas políticos (o incluso militares) de mayor
envergadura. No se trata tanto de que los gobiernos pongan en práctica
políticas que tengan como objetivo perjudicar a otros países, sino que,
sencillamente, no presten atención suficiente a las implicaciones
internacionales (lo que los economistas llaman externalidades negativas) de las
políticas que ponen en marcha para conseguir objetivos internos. Asimismo, como
el poder es un juego de suma cero, el hecho de que los países avanzados
intenten mantener sus cuotas de influencia en los organismos de gobernanza
internacional mientras los emergentes exigen aumentar su peso en los mismos
puede llevar a una parálisis de estas organizaciones, que termine por volverlas
inefectivas e irrelevantes, dejando a la comunidad internacional sin foros para
solucionar los conflictos que surjan en el ámbito comercial, financiero o
energético.
Esto
no quiere decir que no puedan producirse avances en la cooperación, que en el
ámbito económico son especialmente necesarios en la contención del
proteccionismo, la reducción de los desequilibrios macroeconómicos globales, la
mejora del funcionamiento del Sistema Monetario Internacional y la lucha contra
el cambio climático. De hecho, hoy la economía mundial cuenta con el G20, que
es un foro de diálogo flexible y más legítimo que otros, donde además, por
primera vez, los países emergentes están bien representados. Esta joven
institución tiene el potencial para ser el embrión adecuado para fraguar
acuerdos internacionales, que luego puedan tomar forma jurídica a través de las
organizaciones internacionales existentes. Sin embargo, como muestra la propia
experiencia reciente del G20, que adquirió un gran protagonismo tras la quiebra
de Lehman Brothers en 2008 pero que después se ha ido desinflando y vaciando de
contenido, no es fácil sostener la cooperación económica internacional durante
mucho tiempo, especialmente cuando los compromisos externos chocan con las
prioridades nacionales.
Por
ello, aunque no pueden descartarse que se produzcan avances en la gobernanza
internacional, es probable que los próximos años vengan más marcados por la
rivalidad y los conflictos económicos, aunque estos sean puntuales y puedan ir
resolviéndose.
Lo
social: envejecimiento, desigualdad y nuevas clases medias
Como
se ha señalado, uno de los principales impedimentos para la consecución de una
mayor cooperación económica internacional y una mejor gobernanza serán las
restricciones políticas internas que enfrenten los gobiernos de las principales
potencias. Por ello, es importante detenerse brevemente en las grandes
tendencias sociales que se producirán (o reforzarán) en los próximos años
porque de ellas dependerá en gran medida el margen de maniobra que tendrán los
gobiernos para atender los asuntos internacionales.
La
primera de estas tendencias es el rápido envejecimiento de la población,
especialmente en los países avanzados pero también en China, cuya población
envejecerá muy rápidamente a partir de 2030 como consecuencia de la política
del “hijo único” establecida a finales de los años 70.
Gráfico
1. El envejecimiento de la población en el mundo: porcentaje de la población
por encima de los 65 años.
Aunque
el envejecimiento de la población es una buena noticia en la medida en que es
el resultado del aumento de la esperanza de vida, supondrá importantes retos
económicos y sociales para los países. En el mundo desarrollado obligará a los
Estados a aumentar su endeudamiento para hacer frente a los gastos de sanidad y
pensiones, lo que redoblará las presiones que ya se derivan de la actual crisis
sobre el Estado del Bienestar. Para China, que posiblemente llegará a ser un
país envejecido antes que un país rico, supondrá importantes retos sociales, ya
que las débiles redes públicas de protección social se verán completamente
superadas. Asimismo, el envejecimiento poblacional modificará las pautas de
consumo, volverá a las sociedades más conservadoras, defensivas, estáticas,
proteccionistas y aversas al riesgo, con la consiguiente pérdida de dinamismo e
innovación, lo que puede afectar negativamente al crecimiento económico.
La
segunda gran tendencia social de los próximos años será el aumento en la
desigualdad. Este fenómeno no es nuevo. Como se observa en el Gráfico 2, que
muestra los cambios en la distribución de la renta en los países del G20 en las
dos últimas décadas, la diferencia de renta entre ricos y pobres ha aumentado
en todos los países, y posiblemente lo hará aún más durante la próxima década.
Gráfico 2. La
desigualdad aumenta
En
el mundo desarrollado las causas del aumento de la desigualdad son la propia
globalización (que aumenta las oportunidades para los factores productivos más
móviles y el trabajo más cualificado y las reduce para los trabajadores poco
cualificados, que no pueden competir con las importaciones baratas) y las
bajadas de impuestos a las clases medias y altas (que redujeron la capacidad de
redistribución del Estado, y que fueron especialmente acusadas en los países
“anglosajones”). Por su parte, en los países en desarrollo, el aumento de la
desigualdad responde esencialmente al fuerte crecimiento económico de las
últimas décadas. Como indica la llamada curva de Kuznets, los procesos
acelerados de desarrollo tienden a aumentar la renta de determinados grupos de
población en un primer momento, dando lugar a mayor desigualdad. Solo en una
segunda etapa la desigualdad se reduce, siempre y cuando el crecimiento termine
permeando a las clases medias y bajas.
En
todo caso, la Gran Recesión ha acentuado esta tendencia, especialmente en los
países desarrollados. La crisis ha generado un fuerte aumento del desempleo
estructural, especialmente en los países del sur de Europa pero también en EEUU
y una reducción del Estado del Bienestar (elemento esencial tanto para reducir
las desigualdades de renta como para asegurar la igualdad de oportunidades).
Pero como las rentas más altas no se han visto tan afectadas por la crisis (y
en ocasiones incluso se han beneficiado), el resultado es una desigualdad
creciente.
Esta
nueva situación es peligrosa en la medida en la que puede reducir la cohesión
social y generar tensiones políticas. En particular, existe el riesgo de que se
rompa el contrato social que ha asegurado la estabilidad en Occidente desde la
Segunda Guerra Mundial. Además, como demuestra Stiglitz, la desigualdad reduce
el crecimiento económico a largo plazo, tiene un alto coste social y puede
deslegitimar la democracia y el imperio de la ley. Por lo tanto, sería
importante instrumentar políticas que redujeran su crecimiento.
Mientras
que el aumento de la desigualdad en los países avanzados es problemático, la
tercera gran tendencia social en marcha, que también tiene que ver con la
distribución de la renta, es positiva: se trata del auge de las nuevas clases
medias en los países en desarrollo. El rápido proceso de crecimiento económico
que están experimentando estos países está generando que millones de personas
(sobre todo en Asia, pero también en América Latina y algunos países
africanos), superen los 10.000 dólares de renta per cápita (véase el Gráfico
3). Así, por ejemplo, se espera que en China la clase media crezca en cerca de
200 millones de personas en los próximos años y que en países como la India,
Indonesia, Brasil, Rusia y México también se den aumentos muy significativos
(por el contrario, la clases media se estancará o incluso descenderá en casi
todos los países avanzados).
Gráfico
3. El auge de las nuevas clases medias
El
impacto económico de esta nueva clase media global es significativo. Estas
personas pasan de la economía de subsistencia al consumo de masas. Primero
adquieren bienes de consumo duraderos (electrodomésticos, teléfonos móviles,
etc.), luego coches, y, en una última etapa, viviendas. Además, comienzan a
gastar en servicios (educación, salud y entretenimiento). Por ello, aumentan la
demanda interna de sus economías y pueden convertirse en polos de crecimiento
para otros países. Asimismo, son el consumidor objetivo para las grandes
empresas multinacionales que, ante la saturación de los mercados de los países
avanzados, encuentran grandes oportunidades en la clase media de los emergentes.
Conclusión:
El cóctel de imparable globalización económica y fuerte resaca post crisis
financiera en los países avanzados, especialmente en Europa, está acelerando
las macro tendencias económicas políticas y sociales que llevaban en marcha más
tres décadas. Las relaciones internacionales ya no siguen ni el patrón
cooperativo que dominó las relaciones económicas internacionales en Occidente
tras la Segunda Guerra Mundial ni la lógica de la disuasión nuclear que marcó
la geopolítica durante la Guerra Fría. Hoy, ante el rápido auge de las
potencias emergentes y el declive relativo de las potencias occidentales, el
mundo es cada vez más multipolar en lo económico y apolar en lo político. Al
mismo tiempo, nuevos modelos de organización económica y social se van abriendo
camino tanto por los estragos que está causando la lenta recuperación económica
(que en el sur de Europa se ha convertido en una dura recesión) como porque los
países emergentes presentan modelos de organización económica, política y
social que distan mucho del patrón de democracia liberal imperante en
Occidente. Esto alimenta la rivalidad y el auge de las consideraciones
geoeconómicas en las relaciones económicas internacionales y hace más difícil
llegar a acuerdos para fijar nuevas normas internacionales que rijan los
aspectos políticos de la globalización.
IMPACTO ECONOMICO RELACIONADO AL
AEROPUERTO EN TEXCOCO
Cancelar
la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, Estado
de México, no es una decisión con consecuencias ligeras.
Y
para Ana Thaís Martínez, investigadora del Instituto Mexicano para la
Competitividad (Imco), los principales costos serán económicos, pero no son los
únicos.
La
especialista explica, en entrevista con mexico.com, que construir dos pistas en
Santa Lucía, Estado de México, y rehabilitar el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México actual implicaría que en “20 años más” se tenga que evaluar de
nuevo una solución para enfrentar la saturación de la terminal aérea del Valle
de México.
Ana
Thaís enumera cuatro consecuencias por la cancelación del proyecto de Texcoco:
1.
Alto
costo económico
Calcula
que la decisión de cancelar el NAIM en Texcoco implicará un costo total de 342
mil millones de pesos, una cifra mayor al de la obra que ya está en marcha, que
es de aproximadamente 285 mil millones de pesos, de acuerdo con la
especialista. Precisa que los 342 mil millones de pesos se desglosan así:
·
120 mil millones de pesos por
cancelación de contratos y lo ya ejercido
·
142 mil millones de pesos para pagar la
deuda comprometida en FIBRA E (Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces) y en
Bonos Verdes
·
80 mil millones de pesos para construir
dos pistas en Santa Lucía y rehabilitar el aeropuerto actual
“Esos
bonos (que integran los 142 mil mdp) se irían pagando con la TUA (Tarifa de Uso
Aeroportuario, que pagan los pasajeros), por eso no se utilizaba dinero del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para la construcción del NAIM. No
queda claro ahora qué rol jugará la TUA y muy probablemente todo el dinero que
se utilice para Santa Lucía, AICM y Toluca tenga que venir enteramente del
PEF”, detalla.
Una
hipótesis similar la confirma el presidente Enrique Peña Nieto: "El
próximo gobierno tendrá que hacer frente al pago de compromisos, los cuales,
probablemente requerirán el uso de recursos fiscales adicionales a los
impuestos que pagan los usuarios del aeropuerto, el TUA”, dijo este lunes el
mandatario.
2. Se
frenan oportunidades para el país
La
investigadora sostiene que se trata del principal aeropuerto del país, por lo
que la situación de la terminal actual no solo implica un retraso para los
usuarios, sino para los comerciantes que viven del turismo, así como para el
traslado de mercancías y para los inversionistas que quieren llegar a la
capital para después hacer negocios en Monterrey o en Guadalajara.
“Ese
aeropuerto provee de oportunidades a todos los mexicanos”, indica.
3. Credibilidad
en duda
Considera
que se pone en riesgo la credibilidad del próximo gobierno en términos de
captación de inversión, así como de generación de empleo y de oportunidades.
Ejemplifica que desde la semana pasada, en la que inició la consulta por el
nuevo aeropuerto, el precio del dólar frente al peso mexicano subió y también
la incertidumbre sobre los bonos para financiar el nuevo aeropuerto, cuyas tasas
de interés han aumentado.
De
hecho, el lunes, el dólar de ubicó en un precio de hasta 20.26 pesos horas
después del anuncio de la cancelación de la obra en Texcoco, y el Índice de
Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores cayó un 4.2% al
cierre de la sesión.
4. Riesgo
por el espacio aéreo
También
afirma que la operación simultánea del AICM y de Santa Lucía implica la posible
interferencia del espacio aéreo, lo cual generaría retrasos y riesgos de
seguridad para los vuelos.
En
este punto coincide la consultora Mitre, que realizó un estudio técnico sobre
la viabilidad de Santa Lucía: “Aeronáuticamente no es viable, no se puede,
además crearía un espacio severamente congestionado”, señala la firma en un
documento entregado a Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con Forbes.
En
el informe detalla que “la interferencia se daría al tener dos aviones volando
uno del norte y el otro del este que deberán cruzar por el mismo punto, con una
separación vertical menor a lo que las reglas establecen, y estaría abajo de
mil pies, contra la seguridad”, explica la publicación.
Para
López Obrador con la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía el
gobierno federal ahorrará 100 mil millones de pesos, anunció en conferencia de
prensa.
Sobre
la caída de más del 2% del peso tras los resultados de la consulta, puso en
duda que esta fuera por el tema del NAIM.
“Imagínense
al Estado mexicano supeditado a mercados financieros. ¿Quién manda? ¿No es el
pueblo? ¿No son los ciudadanos? Ese es el cambio. Se acabó el predominio de una
minoría y la vinculación de poder económico y poder político", aseveró.
Daniel Alberto León Martínez 2019
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